UGT Extremadura pide al Gobierno de España que haga todo lo posible para paralizar la tramitación de la Ley de Concordia de Extremadura y que, de llegar a aprobarse, interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta norma que derogará la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.

El Pleno de la Asamblea rechazó la semana pasada, con los votos en contra del PP y de VOX, las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Unidas por Extremadura, con lo que la Ley de Concordia, pactada por la derecha y ultraderecha, da un paso más hacia la aprobación de una nueva Ley que supone un ataque directo a los derechos de las víctimas del franquismo y a los principios democráticos recogidos en la legislación estatal.

Desde UGT denunciamos que este proyecto de ley representa un grave retroceso en materia de memoria, justicia y reparación. No solo elimina derechos reconocidos por la Ley estatal de Memoria Democrática, sino que impide su aplicación efectiva en la Comunidad Autónoma, vulnerando el deber institucional de preservar la verdad histórica y la dignidad de las víctimas.

"No busca la concordia, sino el olvido"

“Derogar la Ley de Memoria Histórica es dar la espalda al sufrimiento de miles de familias extremeñas. Esta nueva norma no busca la concordia, sino el olvido. Pedimos al Gobierno central que haga todo lo necesario para paralizar la tramitación de esta nueva ley, para sí frenar un ataque directo a los valores democráticos”, ha declarado Salvador Ramos, secretario de Memoria Histórica y Democrática de UGT Extremadura.

La llamada Ley de Concordia invisibiliza los crímenes y represalias sufridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, ignorando el deber moral institucional y legal de honrar a quienes fueron perseguidos y asesinados por razones políticas, ideológicas, religiosas, de género, identidad u orientación sexual.

UGT reafirma su compromiso con la defensa de la memoria democrática y exige que ninguna norma regional se utilice como instrumento para reescribir la historia ni silenciar la voz de las víctimas. El retroceso democrático que supone esta ley debe ser revertido en los tribunales.