Los precios en Extremadura descendieron en agosto un 0,3%, lo que sitúa la tasa interanual en el 2,8%, cuatro décimas por debajo de la registrada en julio (3,2%). Pese a esta moderación, la inflación extremeña continúa ligeramente por encima de la media española (2,7%) y nuestra comunidad ocupa el séptimo lugar con mayor nivel de inflación.

Desde UGT Extremadura consideramos que este retroceso constituye un freno coyuntural en la escalada de precios observada en los últimos meses, pero que no está en absoluto consolidado. Por ello, reiteramos la necesidad de seguir reforzando el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, anticipándonos a posibles repuntes de la inflación.

La negociación colectiva vuelve a evidenciar su eficacia: hasta agosto, los convenios en Extremadura recogen un incremento salarial medio del 3,11%, en línea con lo acordado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Esto permite una ligera mejora en el poder de compra de los salarios y actúa como motor del dinamismo económico regional. UGT Extremadura seguirá reclamando la incorporación de cláusulas de garantía salarial en todos los convenios colectivos.

En cuanto a la evolución de los precios por epígrafes, el descenso de agosto se debe fundamentalmente a la caída de los alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,2% en la región, con un avance interanual del 2%), en especial la fruta, así como a la bajada del vestido y el calzado (-3%). En contraste, el capítulo más inflacionista fue ocio y cultura, que subió un 1,5% impulsado por el encarecimiento de los paquetes turísticos.

No obstante, preocupa que la inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados) haya subido una décima hasta el 2,4%, el valor más alto desde abril, lo que refleja la persistencia de tensiones en la cesta de consumo básica.

Especialmente negativa es la evolución de la vivienda, cuyo índice interanual en Extremadura alcanza el 10%, agravando las dificultades de acceso para buena parte de la población. UGT Extremadura reclama políticas públicas urgentes que garanticen el acceso a la vivienda, ajustando los precios a los ingresos reales de las familias trabajadoras. Asimismo, propone la creación a nivel estatal de un indicador específico de carestía de la vivienda, que sirva como referencia en la negociación colectiva para establecer incrementos salariales más ajustados al coste real de la vida.