UGT Extremadura ha presentado un voto particular al dictamen del Consejo Económico y Social de Extremadura sobre el anteproyecto de ley de reconocimiento de la Universidad Abierta de Extremadura-ONEX, con el objetivo de dejar constancia de su posición desfavorable ante la autorización de este nuevo proyecto universitario privado.

Este es ya el segundo proyecto de universidad privada sobre el que se pronuncia el CES de Extremadura con dictamen favorable, pese a contar con votos particulares de UGT Extremadura y de otras organizaciones. El primer proyecto para la creación de una universidad privada en la región fue el de UNINDE, que salió adelante con el único voto particular de UGT Extremadura. Para el sindicato, esta reiteración confirma una preocupante deriva hacia la normalización de iniciativas universitarias privadas que, a su juicio, no garantizan suficientemente el interés general, el arraigo territorial ni la protección de la Universidad Pública.

UGT Extremadura, que ha participado activamente en la elaboración del dictamen del CES y comparte buena parte de su contenido, considera necesario reforzar el pronunciamiento crítico ante un proyecto que, a su juicio, evidencia la laxitud con la que se viene permitiendo la implantación de universidades privadas en Extremadura. 

Para UGT, esta tendencia puede ir en detrimento de la Universidad Pública, debilitar el sistema universitario extremeño y abrir la puerta a iniciativas que tienen poca o nula implicación con la realidad social, económica y productiva de la región.

Sin arraigo

UGT Extremadura sostiene que a la Universidad Abierta “le sobra el complemento de Extremadura”, al entender que se trata de un proyecto ajeno a la región y a su futuro. Según la organización, la iniciativa apenas cuenta con una mínima sede física en el territorio, mientras que el resto de su estructura podría haberse ubicado en cualquier otro punto del país.

El sindicato denuncia que el proyecto carece de una identificación real con Extremadura y que su eventual aprobación no tendría una repercusión reseñable en términos educativos, económicos, académicos o de prestigio universitario para la comunidad autónoma.

A juicio de UGT, se trata de una iniciativa superficial y replicable, más próxima a una lógica de franquicia que a un proyecto universitario plenamente integrado en el territorio. La organización considera que el modelo planteado prioriza el beneficio económico frente al interés general de Extremadura, la transferencia de conocimiento, el cambio productivo y el desarrollo regional.

Derecho educativo

UGT Extremadura subraya que la educación es un derecho fundamental y que, por tanto, no puede quedar subordinada a intereses económicos. La organización advierte de que la expansión de universidades privadas sin garantías suficientes puede agravar la desigualdad de oportunidades y convertir el acceso a la educación superior en una cuestión condicionada por el nivel socioeconómico.

“El acceso en igualdad de condiciones a la educación superior para el conjunto de la ciudadanía extremeña solo se garantiza plenamente desde la Universidad Pública”, defiende el sindicato. En este sentido, UGT alerta de que determinados modelos privados pueden derivar en una lógica de despacho de títulos, donde el poder adquisitivo pesa más que los méritos, las capacidades y el esfuerzo del estudiantado.

La organización insiste en que una universidad no puede ser tratada como una simple academia de formación ni como un producto sometido exclusivamente a criterios de rentabilidad. Para UGT, cualquier institución universitaria debe responder a criterios de calidad, servicio público, investigación, estabilidad y compromiso territorial.

Competencia directa

El voto particular advierte de que Extremadura no presenta, en estos momentos, una necesidad social suficiente ni una demanda real que justifique la autorización de una universidad privada online con una oferta educativa tan limitada y ajustada.

UGT considera que el público objetivo del proyecto sería, en gran medida, foráneo, lo que refuerza la idea de que la iniciativa no nace para responder a las necesidades de la ciudadanía extremeña ni del tejido productivo regional.

Además, la organización alerta de que la creación de esta nueva universidad supondría una competencia directa con la Universidad de Extremadura, especialmente en aquellos grados que aparecen duplicados. Para el sindicato, esta situación no beneficiaría ni al sistema universitario extremeño ni al estudiantado, y podría contribuir a fragmentar recursos, demanda y reconocimiento académico.

Calidad y empleo

UGT también expresa su preocupación por los efectos que el modelo propuesto puede tener sobre la calidad académica y sobre las condiciones laborales del personal universitario. 

El predominio de fórmulas de docencia no presencial, aunque pueda resultar más económico para la entidad promotora, plantea riesgos en materia de evaluación, especialmente ante el uso de nuevas tecnologías. El sindicato advierte de que este modelo no favorece necesariamente la calidad de la formación ni garantiza adecuadamente los derechos laborales del personal docente e investigador.

Asimismo, UGT señala que el proyecto no favorece suficientemente la representación del personal no docente y considera insuficiente el plan de prácticas previsto para el estudiantado, al entender que está alejado de la realidad extremeña.

Para la organización, estos elementos configuran un riesgo acreditado tanto para la calidad del empleo del personal docente y administrativo como para la calidad académica e investigadora del proyecto.

Investigación mínima

UGT recuerda que la investigación no puede separarse de la excelencia docente. Una universidad, sostiene el sindicato, no puede ser considerada como tal si no dedica una parte relevante de su actividad y de sus recursos a generar conocimiento.

En el caso de la Universidad Abierta, el proyecto contempla el mínimo legal del 5% del presupuesto destinado a investigación. Este dato permite cumplir formalmente con la exigencia normativa, pero revela una concepción marginal de la actividad investigadora.

UGT considera que una universidad con vocación real de servicio a Extremadura debería contribuir a la transferencia de conocimiento, al fortalecimiento del sistema productivo regional y a la mejora de la capacitación profesional y científica de la comunidad autónoma.

Ley de Universidades de Extremadura

UGT Extremadura reclama la elaboración de una Ley de Universidades de Extremadura que establezca condiciones mínimas de calidad, exigencias claras y garantías suficientes para impedir una competencia desleal en perjuicio de la Universidad Pública.

Mientras esa ley no esté en vigor, el sindicato considera que debería existir un compromiso político para no autorizar la implantación de nuevas universidades privadas en la región. UGT recuerda que la implantación de una universidad privada puede ser un derecho, pero no es una obligación para los poderes públicos autorizar proyectos que no acrediten una aportación suficiente al interés general.

La organización defiende que las universidades privadas deberían cumplir los mismos requisitos y exigencias que las públicas, especialmente en materia de recursos, medios, investigación, calidad docente, estabilidad del proyecto y condiciones laborales.

Universidad Pública

UGT Extremadura concluye con una defensa “rotunda” de la Universidad Pública y rechaza la oportunidad de autorizar nuevos proyectos privados que, a su juicio, contribuyen a la mercantilización de la educación.

Para el sindicato, iniciativas como la Universidad Abierta transforman un derecho fundamental en un negocio, favorecen la segregación social, debilitan el sistema universitario público y no aportan una innovación real a la oferta educativa de la región.

UGT Extremadura insiste en que Extremadura necesita un sistema universitario integrado en la realidad regional, capaz de responder a sus necesidades sociales, laborales, económicas y productivas. Por ello, reclama a las instituciones una posición firme: proteger la Universidad Pública, garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que la educación superior se convierta en un mercado sin arraigo ni compromiso con la ciudadanía extremeña.