UGT Extremadura manifiesta su preocupación por el contenido del acuerdo de gobierno suscrito entre PP y VOX, al considerar que incorpora medidas que ponen en riesgo los derechos laborales, sociales y democráticos en la región, apostando por la desregulación, la debilitación de los servicios públicos y el recorte de la participación social.

La secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha considerado especialmente preocupante el enfoque en materia de inmigración, al entender que introduce planteamientos que pueden derivar en la criminalización de las personas migrantes y en la generación de tensiones sociales en una comunidad que debe caracterizarse por la convivencia, la inclusión y la cohesión.

UGT defiende una sociedad inclusiva, cohesionada y basada en derechos. Este acuerdo, sin embargo, promueve la división, el señalamiento y la exclusión de colectivos vulnerables.

Riesgos para la cohesión social

UGT Extremadura advierte que determinadas propuestas recogidas en el acuerdo, como la priorización en el acceso a recursos públicos o el replanteamiento de políticas sociales, pueden contribuir a incrementar la desigualdad y la exclusión social, alejándose de un modelo basado en derechos y en la igualdad de trato.

Asimismo, el sindicato considera que el cuestionamiento de políticas vinculadas a la Agenda 2030, la reducción de la cooperación internacional y determinadas medidas fiscales pueden tener un impacto directo en la cohesión social y en la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

Medidas de difícil aplicación y carácter político

UGT Extremadura señala que parte de las medidas incluidas en el acuerdo exceden el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, al depender de decisiones del Gobierno de España o del marco normativo de la Unión Europea.

Por ello, el sindicato considera que su inclusión responde en gran medida a planteamientos de posicionamiento político que no siempre se traducen en soluciones viables y efectivas para la ciudadanía y el tejido productivo extremeño, por lo que insta a centrar la acción de gobierno en medidas realistas y aplicables.

Recortes encubiertos y privatización de servicios públicos

El sindicato alerta de que, bajo el discurso de la “eficiencia” y la “optimización del gasto”, se esconde una estrategia de recorte y debilitamiento de los servicios públicos, con especial preocupación en ámbitos como la sanidad y los servicios sociales.

Aunque el acuerdo contempla un aumento presupuestario en sanidad, UGT advierte del riesgo de avanzar hacia modelos de colaboración público-privada que pueden derivar en privatizaciones encubiertas, deteriorando la calidad asistencial y el acceso en condiciones de igualdad.

En cuanto a las medidas en materia de vivienda, UGT las considera insuficientes y sesgadas. Introducen criterios restrictivos que pueden dificultar el acceso a amplias capas de la sociedad, en lugar de abordar el problema desde una perspectiva de derecho universal.

Compromiso con el diálogo social y la defensa de los derechos

UGT Extremadura reitera su compromiso con el diálogo social, la concertación y la defensa de los derechos laborales y sociales, pilares fundamentales para el desarrollo de la región.

El sindicato anuncia que realizará un seguimiento exhaustivo de la aplicación de este acuerdo, manteniendo una actitud vigilante y constructiva, con el objetivo de evitar retrocesos en derechos y garantizar que las políticas públicas contribuyan al bienestar del conjunto de la ciudadanía.

El progreso de Extremadura no puede construirse sobre la desigualdad, la exclusión ni el debilitamiento de los servicios públicos. Frente a este modelo, UGT seguirá un modelo basado en el empleo digno, los servicios públicos de calidad y la cohesión social.