La secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha valorado “muy positivamente” el acuerdo firmado por los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto a la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, para la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales sin reducción de salario. 
En respuesta a las preguntas de los periodistas durante la firma del Plan de Empleo para Extremadura, Patro Sánchez, ha defendido una reducción de la jornada laboral para todos los trabajadores y trabajadoras, una jornada reducida de la que ya disfrutan trabajadores y trabajadoras de sectores como la banca, las administraciones públicas o las grandes empresas, mientras que las personas que trabajan en hostelería, cuidados o comercio, entre otros, “están discriminadas” al tener jornadas de hasta 40 horas semanales. 
La secretaria general ha lamentado que la patronal no haya suscrito este acuerdo “tan importante” y le ha recordado que “aún tienen tiempo para sumarse cuando quiera”. 
Además de la reducción de la jornada, Patro Sánchez ha valorado otras medidas recogidas en el acuerdo como es el derecho a la desconexión digital y el registro horario.
Asimismo, la secretaria general de UGT Extremadura ha negado que vaya a bajar la productividad debido a la reducción de la jornada laboral como ha manifestado la patronal.
UGT seguirá ahora trabajando para ir configurando una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, y si es posible, que la Cámara refleje lo que opina la sociedad, ya que una amplia mayoría de ciudadanos abogan por la reducción del tiempo de trabajo.
“Tenemos que trabajar para vivir, no al contrario”, ha concluido Patro Sánchez, quien ha recordado que “después de más de 40 años sin una reducción legal de la jornada en nuestro país, “ya era hora de una nueva reducción para adaptarnos a los nuevos tiempos”.
El texto del acuerdo, que también contiene medidas relacionadas con los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial, la desconexión digital o el registro de jornada, establece sanciones individuales a las empresas por cada trabajador afectado y prevé entrar en vigor, en 2025 tal y como estaba redactado en el acuerdo de Gobierno, aunque es susceptible de ser modificado en el trámite parlamentario.