III Comité Regional de UGT Extremadura

Hoy 16 de diciembre de 2022 se ha celebrado el III Comité Regional de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Extremadura.

Antes de iniciarse, se ha realizado un minuto de silencio por los últimos asesinatos machistas en nuestro país.

Posteriormente, la secretaria general, Patro Sánchez, ha realizado un análisis socioeconómico de la situación actual regional y nacional.

En territorio nacional, la economía mundial se ha visto afectada por la invasión rusa de Ucrania. El crecimiento económico mundial se estancó en el segundo trimestre de 2022, y los indicadores de muchas economías ahora apuntan a un período prolongado de crecimiento moderado, incluso depresión económica. La presión de la inflación en noviembre en la Unión Europea tenía como media el 11.5%, alcanzando un 10% la tasa interanual de la eurozona, con ritmos muy preocupantes de subidas generalizadas de precios desde la energía hasta los alimentos. Las medidas tomadas por el BCE elevando los tipos de interés nos parecen peligrosas para el empleo y las rentas de las personas trabajadoras con costes fiscales, sociales y políticos. Urge reforzar las medidas sociales para proteger a los más afectados por esta situación.

Estos últimos años, se ha demostrado que las sucesivas crisis a las que nuestro país, Europa y el mundo están haciendo frente, solo pueden superarse con medidas sociales. La reducción de los efectos de la inflación, protegiendo a las más amplias capas de la población, manteniendo un sostenido incremento de la presión impositiva sobre las empresas y personas con mayor capacidad y que incluso están siendo beneficiadas por la actual situación –energéticas, bancos, grandes fortunas, etc.- son líneas políticas imprescindibles. La resistencia a una mayor presión fiscal nos sitúa ante la realidad de unas empresas que no han dejado de incrementar sus beneficios y pretenden no compartir con la sociedad sus resultados.

Los datos del paro del mes de noviembre en España demuestran que las reformas normativas adecuadas sí tienen efectos, asistimos a la positiva combinación de reducción del paro en un mes en el cual es habitual su aumento con un incremento de la calidad del empleo (43,2% de los contratos firmados en noviembre son indefinidos y la tasa de temporalidad cae al 15,2%), lo que demuestra que la reforma laboral sigue generando un impacto positivo en su objetivo de acabar con la precariedad laboral que predomina en nuestro país. Aún hay en el desempleo 2.914.892 personas, de ellas más de millón y medio de larga duración. Es un drama que puede ser evitado con medidas adecuadas.

Los Presupuestos Generales del Estado para el 2023, desde la perspectiva de UGT responden a la necesidad de consolidar y ampliar el paraguas social y derechos de los ciudadanos de nuestro país con medidas de tanto calado como el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, el aumento de las percepciones de desempleo, la recuperación de los derechos de los empleados y empleadas públicos, y la previsión del continuo despliegue de Fondos europeos.

En cuanto a la marcha de la negociación colectiva, se aprecia un repunte del número de convenios colectivos firmados en relación a los años de pandemia. Se han firmado a noviembre del 2022, 2.801 convenios colectivos que afectan a más de ocho millones de personas trabajadoras y casi ochocientas mil empresas, con una media de subida salarial del 2,64%, una subida insuficiente para hacer frente a una inflación del 7.3%.

El SMI en España, gracias al Diálogo Social, ha superado los mil euros mensuales, sin embargo, todavía está muy por debajo del nivel de otros países, mientras el poder de compra de las clases trabajadoras está amenazado por las previsiones de inflación. Por esa razón, urge recuperar el valor real del salario mínimo en 2023 como instrumento básico de la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras, de acuerdo con los objetivos de la Carta Social Europea y, siguiendo la línea de la reciente Directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea.

El modelo de pensiones español debe seguir las líneas ya consensuadas anteriormente basadas en sistema sostenible, sin que se afecten los derechos de los pensionistas presentes y futuros. En el que no se incrementen los límites de edad puesto que ya fueron modificados en su momento y acojan medidas imprescindibles desde el punto de vista financiero y de la solidaridad como el destape gradual de las bases de cotización.

En EXTREMADURA, los datos de paro del último año evidencian una mejoría en el empleo en Extremadura, pero no debemos obviar que nuestro mercado laboral se caracteriza por tener un mercado laboral de carácter estacional que viene determinado por campañas específicas ya sean agrícolas, turísticas, comerciales etc...

UGT Extremadura considera que ese comportamiento obedece a que nuestra región carece de tejido industrial que posibilite un empleo estable y de calidad que permita afianzar un mercado laboral con consistencia, en una comunidad autónoma, por otro lado, en la que se genera una cantidad importante de materias primas, que posteriormente no son transformadas en nuestra región, con lo que todo eso conlleva; no industrialización de nuestra región y no generación de empleo estable.

En coyunturas económicas como la actual, se ha demostrado que los países y regiones con un fuerte peso de la industria son más resilientes a los cambios. Por eso, desde el Comité Regional exigimos al Gobierno que a través del Diálogo Social cumpla con su compromiso de desarrollar un Pacto de Estado por la Industria y una Ley de Industria con el objetivo de que se alcance al menos el objetivo de que la industria suponga el 20% del PIB, y de igual modo, exhortamos al Gobierno Regional, como ya hicimos en el 9º Congreso Regional, a que considere nuestra propuesta de impulsar un Pacto social y político por la Industria para nuestra región.

Es nuestro momento y urge cambiar la realidad socioeconómica de nuestra Comunidad Autónoma, por tanto, aumentando la capacidad de generar riqueza de nuestra economía de manera más sostenible y equilibrada, reforzando los derechos laborales, sociales y de ciudadanía, elevando la calidad de nuestra democracia y potenciando nuestro estado de bienestar. El empleo es el motor del bienestar social y de la calidad de vida.

Para la consecución de un ámbito laboral en el que impere la estabilidad y calidad en el empleo, la herramienta más potente con la que contamos es la negociación colectiva, que tiene que ir necesariamente unida a la lucha contra la precariedad del mismo, al desarrollar un papel insustituible por las numerosas competencias que le corresponden, algunas por expresa delegación de la legislación laboral. Debemos poner el valor de la negociación colectiva como elemento esencial de redistribución de la riqueza de las economías.

En nuestra región se han publicado a noviembre del 2022, 13 convenios colectivos que afectan a 120.539   personas trabajadoras. La subida salarial, es exigua, el 2,41% de media, 0,97% más que el año 2021, pero insuficiente para hacer frente a una inflación del 7,4%.

Los salarios deben ser capaces de proporcionar un nivel de vida digno y suficiente. La posición de la patronal de bloqueo de la negociación colectiva tanto en el ámbito general con el abandono del AENC y la resistencia en los ámbitos concretos de negociación al pacto de medidas adecuadas que impidan el deterioro de la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras por la inflación, manteniendo su poder de compra, han determinado un giro importante en nuestra posición sindical ante un escenario obstruccionista que dificulta enormemente la negociación.

De ahí que, fortalecer la negociación colectiva es indispensable para mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestra región, en cuestiones tan fundamentales como el derecho que tienen las personas trabajadoras a que se les garantice una seguridad y salud en el trabajo dignas, de manera que alcancemos la meta de que no haya ninguna muerte más en el trabajo. Otra cuestión fundamental para abordar desde la negociación colectiva es la implantación de los planes de igualdad en las empresas de manera que se pueda garantizar la igualdad en el acceso, permanencia y promoción de la mujer en el empleo, y permitan mecanismos que determinen la remuneración de trabajos de igual valor, y la conciliación de la vida laboral y personal, permitiendo de ese modo erradicar la precariedad laboral en sectores de actividad tradicionalmente feminizados.

Además, la lucha contra la violencia de género, como garantía de la libertad de las mujeres, acabando de una vez por todas con la insoportable sangría machista, y hacer frente a los niveles de siniestralidad y a las nuevas enfermedades profesionales con cambios legislativos profundos y la duplicación de los medios de todo tipo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, es una exigencia de nuestro Sindicato.

Por ello, todas estas reivindicaciones marcan la hoja de ruta de nuestra Organización, y serán objeto de análisis y planificación de nuestro Sindicato en el marco de la concertación y el diálogo social en el que participamos como Sindicato más representativo de la región.

A continuación, ha habido intervenciones de miembros del Comité para su posterior debate.

Después, la secretaria de Organización y Formación, María José Pastor, ha realizado un análisis de afiliación y representación. El Comité Regional ha analizado y debatido los datos de elecciones sindicales y afiliación concluyendo en la necesidad de seguir creciendo en estas dos materias para continuar como primera fuerza sindical en la región, ya que la representación y la afiliación son dos aspectos fundamentales para el presente y el futuro de nuestro sindicato.

El Comité ha elegido democráticamente en votación el nombramiento de Francisca Cerezo Dionisio como nueva Vocal de la Comisión de Control Económico.

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